La denuncia se dirige contra el régimen jurídico y económico de las empresas públicas Tragsa, controlada por la Administración General del Estado, y Sirasa, del Gobierno de Aragón.

Según ha manifestado, Anagrasa está sufriendo desde hace años, de "forma ilegal", la injerencia permanente por parte de Tragsa y Sirasa en las actividades propias de sus miembros y a las que se dedican en exclusiva, como la recogida, transporte, transformación y eliminación de subproductos animales no destinados al consumo humano.

Anagrasa ha indicado que el Estado sufraga las remuneraciones de estas empresas públicas que, "además de elevadas por sus ineficientes estructuras de costes, incluyen un margen comercial desproporcionado y directamente soportado por las arcas públicas y los demandantes de los servicios". Los beneficios así generados son utilizados por las empresas públicas para, entre otras, financiar su expansión a nuevas actividades, en una evidente contravención de las normas del Tratado de la UE. Denuncian, además, que ciertas administraciones autonómicas conceden en exclusiva a Tragsa y Sirasa la prestación de servicios de transformación y eliminación de subproductos animales. Estas empresas, indican, sin embargo, no disponen de plantas de transformación/eliminación en la actualidad, pero han manifestado recientemente su intención de comenzar a prestar tales servicios mediante la construcción de determinadas plantas de transformación, evidentemente financiadas con dinero público.